El SAS rompe el contrato con la empresa de ambulancias y adjudica por emergencia el traslado de los pacientes críticos
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) se ha visto obligado a adjudicar por la vía de la emergencia el servicio de ambulancias para el traslado de pacientes críticos entre el Campo de Gibraltar y la Bahía de Cádiz ante el riesgo de que esa prestación se viese interrumpida a partir de este 1 de mayo. La tramitación se acoge al procedimiento excepcional contemplado por la ley para situaciones de grave peligro, lo que permite contratar sin los requisitos formales habituales y dando cuenta al Consejo de Gobierno andaluz, después de que la empresa que prestaba el servicio haya paralizado en los tribunales el proceso de licitación habitual.
El contrato de emergencia, con un importe total de 3.296.957 euros, ha sido adjudicado a Ambulancias Tenorio. Incluye la operatividad durante dos meses, con la posibilidad de prórroga de un año y dos meses. El trabajo lo realizarán 47 profesionales, incluyendo médicos, enfermeras, técnicos en emergencias sanitarias y administrativos. La flota de vehículos se compondrá de seis ambulancias tipo C (tres operativas y tres de reserva) equipadas con tecnología avanzada y diseñadas para pacientes neonatales e infantiles.
Con bases principales en El Puerto de Santa María y Algeciras, Ambulancias Tenorio asegura que está preparada para ofrecer servicios de alta calidad. "Los seis vehículos que prestarán servicio han sido fabricados por Eurogaza. Además, están equipados con tecnología médica avanzada y priorizan la seguridad y el confort, tanto para pacientes como para el personal sanitario", afirma la compañía que, con esta licitación de emergencia, mantiene que refuerza su "compromiso con la salud y el bienestar de la ciudadanía en Cádiz".
Contrato roto
El SAS rompió el contrato con la empresa que lo prestaba en la provincia desde el 22 de julio de 2022, Servicio de Emergencias Médicas y Urgencias, después de "diversos episodios de inoperatividad" de las dos unidades asistenciales de Soporte Vital Avanzado Medicalizadas (UVI móviles) detectados a finales de 2024 y principios de 2025. Es decir, por el "incumplimiento de la obligación principal del contrato".
Los fallos en el servicio habían ocasionado numerosas quejas de los pacientes. Sin ir más lejos, el pasado mes de marzo, una enferma de Taraguilla que tiene que recibir rehabilitación en el hospital de Jerez denunció en Europa Sur la mala planificación existente a la hora de organizar los traslados en ambulancia desde el Campo de Gibraltar, con jornadas de hasta nueve horas que los usuarios tenían que soportar desde que eran recogidos hasta que volvían a sus casas.
Antes de eso, la consejería y la empresa habían mantenido ya un pulso -el contrato debía cumplirse el 31 de julio de 2024, tras una prórroga de 12 meses prevista en el pliego- que obligó a imponer más prórrogas forzosas, pese a la oposición de las contratistas, hasta el 30 de abril de 2025. Tal y como hicieron también las otras dos empresas que prestaban servicio en Andalucía, Servicio de Emergencias Médicas y Urgencias interpuso recursos administrativos y contencioso-administrativos contra estas prórrogas, todos aún pendientes de resolución judicial.
Entonces, el SAS abrió el proceso para licitar de nuevo el servicio, pero el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARCJA) determinó la suspensión cautelar del mismo a raíz de un recurso especial de la empresa por los "errores y arbitrariedades de que adolecen el anuncio y los pliegos".
Como esta última resolución se produjo el 24 de marzo y no había tiempo de cumplir el trámite de nuevos contratos en plazo para garantizar la continuidad del servicio más allá del 30 de abril, el SAS consiguió la declaración de la contratación por emergencia¡, según el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público. Esta contratación tendrá una duración inicial de dos meses (01/05/2025 al 30/06/2025), prorrogable hasta la entrada en vigor de los nuevos contratos definitivos.
El Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía, dependiente del SAS, afirma en la declaración de emergencia que "las consecuencias de la interrupción del servicio serían graves y perjudiciales para el sistema de salud y, sobre todo, para la seguridad de los pacientes". Habla del riesgo de un aumento de la mortalidad y complicaciones graves, ya que "los pacientes con patologías críticas, como infartos, accidentes cerebrovasculares, traumatismos graves o fallos multiorgánicos, las denominadas patologías tiempo dependientes, no podrán recibir la atención sanitaria ni los procedimientos intervencionistas más adecuados en el menor tiempo posible".
Además, según el SAS, se producirían "retrasos en los tratamientos esenciales como la angioplastia en un infarto agudo de miocardio o la trombectomía en un ictus, lo que aumentaría el riesgo de secuelas severas o muerte" y los "pacientes neonatos con malformaciones cardíacas complejas o insuficiencia respiratoria severa no tendrían acceso a unidades de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO), lo que reduciría drásticamente sus posibilidades de supervivencia".
"Los pacientes politraumatizados con necesidad de cirugía vascular de emergencia podrían fallecer antes de recibir la atención adecuada", alerta y "los hospitales de menor complejidad se verían sobrecargados con casos que no pueden tratar, generando una saturación que afectaría la calidad de la atención", añade.
"En conclusión, el servicio de asistencia médico-sanitaria en los traslados de pacientes críticos es un componente esencial del sistema sanitario público sin el cual habría un incremento en la mortalidad, un colapso de los hospitales de primer nivel y comarcales, una distribución ineficiente de los recursos sanitarios y una atención desigual para los pacientes más graves", manifiesta el SAS.
