Investigación: Una empresa usada para defraudar IVA tiene su sede en un piso de la jefa adjunta de Hacienda contra las tramas del IVA
A priori, uno de los peores lugares para domiciliar una empresa montada para defraudar a Hacienda mediante el impago del IVA es en una vivienda que pertenezca a una jefa de la Agencia Tributaria responsable de perseguir a las tramas de defraudación del IVA. Pero eso es exactamente lo que ha ocurrido con la compañía Mediterranean Oil PG SL y la inspectora fiscal Julia Martínez Rico.
Mediterranean Oil PG forma parte de una red societaria desarticulada por la Policía y la Agencia Tributaria, el pasado 8 de julio, acusada de defraudar presuntamente más de doce millones a Hacienda. La empresa tiene su sede social, desde que se constituyó en 2022, en un piso situado en el barrio de Montecarmelo, al norte de Madrid. La propietaria de ese inmueble es, desde un año antes, Julia Martínez Rico, quien lleva más de una década como adjunta a la jefa del área de Investigación General de Impuestos Indirectos de la ONIF. Esa área investiga especificamente las tramas de fraude del IVA, que es el principal tributo indirecto. La Oficina Nacional de Investigación del Fraude es la unidad de la Agencia Tributaria que se encarga de los casos más importantes de fraude fiscal en España.
El piso sede de la empresa defraudadora
Julia Martínez Rico adquirió el piso en el barrio de Montecarmelo el 16 de marzo de 2021. Se trata de una vivienda de 80 metros cuadrados, que está tasada para subasta en más de 340.000 euros.
Cinco meses más tarde, el 30 de agosto de 2021, Julia Martínez Rico le alquiló la vivienda a Juan José F.C. Tanto el arrendatario como su hijo, Rodrigo F.M., aparecen relacionados con el jefe de la trama de fraude de IVA en el sector de hidrocarburos desarticulada hace un mes. En la conocida como operación Capibara, que está instruyendo un Juzgado de Málaga, fueron detenidas diez personas en cuatro comunidades autónomas.
Una de las detenidas es María Teresa G.G., residente en Córdoba y una de las personas que actuaron presuntamente como testaferro de la trama. Ella figura como administradora y socia única de la sociedad Mediterranean Oil PG, constituida el 14 de julio de 2022, con un capital de 3.150 euros y domiciliada en el piso propiedad de Julia Martínez Rico.
El objeto social que declara Mediterranean Oil PG es "la actividad de recepción, almacenaje y expedición en régimen de depósito fiscal de bienes pertenecientes al sector de los hidrocarburos en estado sólido, líquido o gaseoso". Pero lo cierto es que la sociedad carece de propiedades donde pudiera ejercer esa actividad y un piso alquilado de 80 metros es evidente que no sirve para almacenar hidrocarburos.
Una trama como la de Aldama
Mediterranean Oil PG es una de la decena de empresas utilizadas por la trama delictiva desarticulada en la operación Capibara. Se trata de sociedades vacías, que no disponen de ningún patrimonio, y que tienen al frente a testaferros también sin ningún tipo de bienes. María Teresa G.G, por ejemplo, ha estado en situación de desempleo prácticamente desde 2011. Dos semanas después de la constitución en Madrid de Mediterranean Oil PG, a finales de julio de 2022, se dio de alta como autónoma en el sector de "depósitos y almacenamiento". A finales de 2023, María Teresa G.G tenía deudas con la Agencia Tributaria, con la Seguridad Social y con dos Juzgados de Córdoba –por su responsabilidad en otra trama fraudulenta por la que ya fue detenida en 2016– que superaban los 300.000 euros.
Los líderes de este tipo de organizaciones criminales buscan personas sin recursos económicos y les pagan cantidades insignificantes para que actúen de testaferros, de forma que pueden utilizar su nombre en las sociedades, aunque son ellos quienes ejercen de hecho el control y la administración de las compañías. En el caso de la trama a la que pertenecía Mediterranean Oil PG el principal investigado es Pedro Javier G.Z., con domicilio en Málaga, en cuyos Juzgados tiene otra instrucción abierta por presuntas estafas bancarias y al Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Las compañías como Mediterranean Oil PG son conocidas como "empresas extractoras" de IVA en el argot de los investigadores de la Policía y de la Agencia Tributaria. Tienen muy corta vida, porque solo pueden ser utilizadas durante unos pocos trimestres, antes de que la Agencia Tributaria las identifique como sociedades defraudadoras. Actúan como intermediarias en la venta de hidrocarburos, de forma que la empresa que compra el combustible les abona el IVA, que ellas están obligadas a ingresar en Hacienda. Pero no lo hacen y se quedan con ese dinero.
Mediterrean Oil PG y las demás sociedades de la trama presentaban la declaración trimestral en Hacienda, pero pedían un aplazamiento del ingreso del IVA ya cobrado, alegando "problemas coyunturales de tesorería". Además, Mediterranean Oil PG aportó a la Agencia Tributaria la tasación de unas parcelas que supuestamente podrían servir de aval en caso de aplazamiento. Pero el ingreso del IVA en Hacienda solo se puede aplazar si el sujeto obligado a hacerlo no lo ha cobrado previamente. Ese no es el caso de las empresas extractoras, cuya actividad fraudulenta consiste precisamente en eso: en cobrar el IVA del cliente al que vende el carburante y no ingresarlo después en la Agencia Tributaria. Cuando esta intenta embargar bienes de la sociedad o de los testaferros no encuentra nada y las cuentas bancarias utilizadas en la compraventa del carburante están sin dinero.
En el caso de Mediterranean Oil PG, la deuda con Hacienda a finales de 2023 ascendía a más de 160.000 euros, derivada básicamente de la falta de ingreso del IVA cobrado en el cuarto trimestre de 2022.
La mecánica es prácticamente la misma que la utilizada en uno de los mayores casos de presunta corrupción destapados el último año: la trama liderada por Víctor de Aldama, el también comisionista del caso Koldo, acusado de diseñar un fraude del IVA con hidrocarburos que ascendió a 182 millones en dos años. Los expertos calculan que el fraude fiscal con el IVA de los hidrocarburos supera en total los mil millones de euros cada año.
El 'caso Montoro'
Julia Martínez Rico es hermana de dos de los principales imputados del caso Montoro, abierto por un Juzgado de Tarragona, que investiga si el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y sus principales colaboradores impulsaron reformas fiscales a cambio de pagos a Equipo Económico, un bufete fundado por el propio Montoro. Ricardo Martínez Rico es socio fundador de Equipo Económico y su presidente desde 2008. Antes, bajo el Gobierno de Aznar, fue secretario de Estado de Presupuestos. Según la investigación judicial, Equipo Económico le pagó más de once millones de euros entre 2008 y 2019. Como desveló Público, la actuación negligente de Hacienda le permitió tumbar seis sanciones tributarias en los tribunales. Por su parte, Felipe Martínez Rico fue jefe de gabinete de Montoro durante cinco años hasta que en 2016 fue nombrado subsecretario de Hacienda.
La propia Julia Martínez Rico también sale en el sumario del caso Montoro. En enero de 2017, envió un correo al entonces presidente de la Agencia Tributaria –Santiago Menéndez– pidiéndole que la recomendase para una plaza en TAXUD, la dirección general de la Comisión Europea que se encarga de la política de fiscalidad y unión aduanera de la UE. "Cabe decir que la carta de recomendación la ha redactado la propia interesada y únicamente el director de la Agencia la tenía que firmar y enviar", se indica en un informe de los Mossos d'Esquadra incorporado al sumario. Julia Martínez Rico también le pedía a su jefe que hiciera "una llamada al embajador, Pablo García-Berdoy, para que haga sus contactos". Santiago Menéndez cumplió e hizo ambas cosas, pero la plaza finalmente no fue para ella.
En mayo de 2018, Julia Martínez Rico volvió a la carga, con el objetivo de conseguir esa ansiada plaza en TAXUD. De nuevo, a Santiago Menéndez le tocó enviar la carta de recomendación y hacer gestiones. Esta vez, desde TAXUD, le explicaron al director de la Agencia Tributaria "que el proceso de selección estaba reglado en la Comisión, por lo que tenían que seguir el procedimiento establecido".
