Las denuncias por fraude en la contratación pública se disparan un 87% desde 2019 pero solo se investigan cuatro de cada diez
Las prácticas corruptas son la causa del 19,5% de los procesos, mientras la mayoría (32,5%) apuntan a irregularidades en las adjudicaciones
Las denuncias por fraude en la contratación pública se han disparado un 87% desde el año 2019, pero siguen siendo muy pocas en proporción al volumen de operaciones, apenas se investigan y prácticamente ninguna acaba judicializada. Es información que maneja el propio Gobierno a través de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), que cuelga del Ministerio de Hacienda y es responsable de fiscalizar la contratación pública y de combatir las ilegalidades en los procesos de adjudicación.
Es la principal y más contundente conclusión del último informe anual de supervisión elaborado por el organismo, y pone en evidencia la funcionalidad de los propios sistemas de control frente a prácticas corruptas como las que ha señalado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su demoledor informe sobre el cobro de mordidas por adjudicaciones de obra pública que presuntamente se repartían el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y quien fuera su asesor en el Ministerio, Koldo García.
Con los datos más recientes, recopilados de las distintas oficinas territoriales de lucha contra la corrupción y del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude para la protección de los intereses financieros de la Unión Europea, el informe revela que entre 2019 y 2023 las denuncias por fraude relacionadas con la contratación pública han pasado de 118 a 221. Dentro de esta última cifra, las que señalan prácticas corruptas, que incluyen el tráfico de influencias, el trato a favor de empresas o el conflicto de intereses, han aumentado un 53%, al pasar de 28 a 43; mientras, las que apuntan a irregularidades en las adjudicaciones se han disparado un 260%, pasando de 20 a 72.
Son cantidades, en todo caso, ínfimas si se contextualizan en el volumen de licitaciones que ejecutan anualmente las administraciones públicas. El desembolso en contratación pública en 2023 alcanzó el 11,5% del Producto Interior Bruto (PIB) y el 24,9% del total del gasto público, tal y como se refleja en los datos de contabilidad nacional de la oficina estadística europea Eurostat. Por eso, las autoridades comunitarias vienen manifestando un constante interés en las políticas de prevención y lucha contra la corrupción y, de manera singular, han incidido en su adopción en materias como la contratación pública, dada su relevancia económica, y sobre todo a partir del despliegue de los millonarios fondos del Plan de Recuperación.
El informe también recoge que, del total de 221 comunicaciones recibidas en 2023, solo 90 denuncias causaron la apertura de una investigación por parte de las autoridades antifraude. Así, hasta el momento procesal en el que se encontraban a cierre de ese ejercicio, las 131 denuncias restantes no habían tenido tal consecuencia. De modo que apenas se investigaron cuatro de cada diez denuncias registradas. Y ninguna de ellas acabó judicializada. «Ninguna de las 90 comunicaciones que finalmente han originado un expediente de investigación han sido remitidas a la Fiscalía para su investigación en ámbito judicial», apunta la OIReScon.
Para la oficina adscrita al departamento que dirige María Jesús Montero resulta «especialmente significativo el alto porcentaje de denuncias en tramitación (54,3%)» en el caso de la contratación pública, frente al 46,5% que registran de manera generalizada las denuncias recibidas en los buzones antifraude. Ante esta diferencia, el informe señala que «impacta directamente» el tiempo y plazo que las oficinas y agencias antifraude dedican a la fase de actuaciones previas. Una de las causas a las que apunta la oficina es «la carencia de medios humanos y materiales en estas unidades, lo que impide cumplir en un plazo de tiempo razonable con la resolución de los procedimientos».
En los últimos cinco años se han acumulado 811 denuncias en materia de contratación pública: 251 de ellas por irregularidades en la adjudicación del contrato; 167 por prácticas corruptas; 148 referidas a la fase de ejecución del contrato, incluida la prórroga o la modificación contractual; 110 por fraccionamiento de contratos; 49 por ausencia de contrato, que implica la supuesta inexistencia o cobertura contractual de un servicio, obra o suministro que origina un gasto; 29 por vulneración de la normativa vigente; 19 por irregularidades en los pliegos; otras 19 por sobrecostes...
Denuncias que, en todo caso, siguen siendo insuficientes. Así lo considera la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que en estos momentos mantiene abierta una consulta pública para animar a las administraciones a denunciar prácticas anticompetitivas por parte de las empresas con las que contratan y reclamar compensaciones ante los tribunales por los daños y perjuicios sufridos.
«El impacto de estas prácticas anticompetitivas sobre las cuentas públicas es potencialmente elevado, ya que el gasto en contratación pública supone en España el 11,5% del PIB y casi una cuarta parte del gasto público total», recoge la consulta de la CNMC, que constata el notable aumento de las acciones judiciales iniciadas por el sector privado en los últimos años, mientras las impulsadas por la Administración «siguen siendo poco frecuentes en España, pese a que el sector público, como consumidor de bienes y servicios, ha sido perjudicado en diversas ocasiones por prácticas anticompetitivas».
En el foco de bruselas
Este asunto también genera inquietud en Bruselas. A finales del año pasado, la Comisión Europea decidió llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), alegando que nuestro país se ha desviado «de forma considerable» de la normativa comunitaria en lo relativo a la contratación pública, al no haber transpuesto adecuadamente varias directivas europeas sobre la materia.
Las autoridades comunitarias prestan especial atención a que el porcentaje de licitaciones con una única empresa participante no supere el 20% del total, un umbral que España sobrepasa con creces. De hecho, más del 40% de las licitaciones públicas en nuestro país cuentan con un solo postor, lo que nos sitúa entre los Estados miembros de la UE con menor nivel de concurrencia empresarial en este tipo de procesos.
Así lo señalaba la CNMC en un informe publicado en 2019 en el que ya subrayaba que el sistema español aún presenta «margen de mejora» en lo que respecta a «la competencia en las licitaciones, que rebaja el coste de aprovisionamiento de la Administración y reduce el riesgo de corrupción».
En cifras, la CNMC estimaba que «los procedimientos abiertos y transparentes producen un ahorro de casi un 10% de media en los importes de las adjudicaciones». Además, desde una perspectiva cualitativa, Competencia destacaba que «la mejora de los procedimientos de contratación contribuye activamente a sostener las cuentas públicas y permite que se ofrezcan más servicios públicos y de mejor calidad».
